Por Guadalupe Romero
Desde la gentry hasta lo peor: el olvido
Quién inició nadie lo sabrá pero desde los cavernícolas; los gentry (clase alta o pequeña nobleza en el inglés británico), que dejaron sus señoríos y castillos al término de la Primera Guerra Mundial; hasta los nómadas digitales y los migrantes educados, ladrones o tristemente expulsados de nuestra era, todos buscan una mejor vida: protegida, delimitada y con todas las comodidades gentiles (del latin: perteneciente a un gens, tribu o clan).
Dentro de esa evolución humana solo se puede recriminar el atentando al derecho ajeno y la paz social; los actos xenófobos, soberbios, discriminatorios o criminales, también naturales en la gente sin importar lugar de nacimiento y condición económica o cultural, y la falta de acción por parte de los que se han comprometido a resguardar la propiedad privada, el derecho a la vivienda y a la vida digna que dicta la Constitución de un país “civilizado” como México.
A quién culpar de la gentrificación cuando se ha dado desde tiempos inmemorables y en todos los continentes, no solo en la Condesa, CDMX; se trata de un fenómeno natural de evolución social. Lo urgente es poner reglas, combatir la corrupción y exigir a quién se ha nominado y elegido para administrar y hacer valer nuestras leyes, actúe.
Frenar los actos vandálicos y proteger a empleados y ciudadanos, es solo lo mínimo que se esperaría de quienes prometieron garantizar nuestra seguridad. Pero erradicar la corrupción y el oportunismo del crimen organizado vestido de traje y bajo un logo inmobiliario para encarecer, expulsar y enriquecerse con alevosía y ventaja, es responsabilidad de quienes inventaron el Bando 2 o la apertura de cotos urbanos sin ley.
Detonantes de injusticia
Vivimos en un Estado de Derecho eligiendo a un poder judicial fantasma. Qué me dicen del olvido de tragedias que aún mantienen de luto a muchas familias. Es preocupante que a tres meses de la tragedia ocurrida durante el festival Ceremonia, las familias de las víctimas hayan tenido que recurrir a la manifestación pública para exigir a los organizadores su derecho a indemnización por la pérdida de sus seres queridos.
Y es que trascendió que Parque Bicentenario, empresa que incluso ya había enfrentado un caso similar por el deceso de una persona en otro evento realizado dentro de sus instalaciones en 2023, no ha podido cumplir con lo mínimo exigible en un caso como este: la reparación del daño.
Es momento de que las autoridades hagan cumplir lo que dice la ley de acuerdo con el contrato de responsabilidad e indaguen sobre el responsable de firmar los planes de protección civil, para que por fin haya claridad sobre el caso en beneficio de los familiares. Como lo ha exigido Nelson Vargas: “si no pueden que renuncien”.
REMANENTES
Como marco de análisis guardemos estos datos de los especialistas de Grupo Financiero Banorte. En junio de 2025, el precio promedio por metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de México alcanzó los 56,811 pesos consolidándola como la entidad con el precio más alto en el país. En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con 17,624 pesos por metro cuadrado.
La CDMX es la entidad con el precio de vivienda más elevado a escala nacional. En el mes analizado la distribución por antigüedad estuvo constituida por: inmuebles con 20 a 50 años (22.4%), viviendas nuevas (20.8%), propiedades con 1 a 5 años (16.1%), 10 a 20 años (16%), 5 a 10 años (13.7%) y en construcción (11.1%). Y con relación a la distribución del total de inmuebles en venta, el 81.6% de la muestra correspondió a departamentos y el 18.4% restante a casas. Solo para que no olvidemos estos datos claros.
Por infraestructura en EdoMex
Sin duda el Periférico Norte, una de las arterias más transitadas del Valle de México, acumuló más de una década de deterioro. Hoy, con la gobernadora Delfina Gómez y el trabajo del director de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez Rodríguez, avanza una rehabilitación integral que transforma 54 kilómetros de vialidad con trabajos de bacheo profundo, modernización del drenaje, aplicación de seis mil toneladas de asfalto y sustitución de más de tres mil luminarias.
Durante años, tramos clave fueron concesionados a empresas que incumplieron sus obligaciones. La actual estrategia, que involucra a seis municipios, combina recursos y esfuerzos para atender una demanda ciudadana legítima. En Naucalpan, por ejemplo, ya se retiraron más de 115 metros cúbicos de lodo y residuos, en previsión de la temporada de lluvias.
Además, el programa Camineros del Bienestar suma inclusión social al rescate vial. Con más de 150 personas contratadas de sectores vulnerables, se dignifica el trabajo en mantenimiento de vialidades.
Biometría, el dilema en seguridad
En medio del furor por la nueva CURP biométrica, que incorporará datos como fotografía, huellas dactilares y firma digital, el Gobierno federal apuesta al control centralizado de la identidad, dejando en manos de la Secretaría de Gobernación, que lleva Rosa Icela Rodríguez, sin contrapesos ni vigilancia autónoma, una base de datos tan delicada como irreversible, sobre todo tratándose de un país que ya es el octavo en robo de identidad.
En ese sentido, especialistas en ciberseguridad y tecnologías de la información, como Silent4Business, de Layla Delgadillo, advierten que, si esos datos se filtran, no hay forma de recuperarlos. Para la experta con más de 20 años de experiencia en la materia, garantizar marcos legales sólidos, una ley nacional de datos biométricos distinta de la general, límites de uso estrictos, cifrado militar, auditorías, transparencia real y capacitación ética, es la clave. De lo contrario, este nuevo padrón no será un avance en seguridad, sino una regresión en libertades.
Aclaración necesaria, SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclara que es falso que se eliminarán programas en diversos rubros para el próximo año. Lo dicho en corrillos obedece a un cambio en la estructura del presupuesto que implicará la compactación de algunos programas. “Este rediseño de la estructura programática no representa una reducción de recursos ni recorte en la garantía de derechos; es un ejercicio técnico de ordenamiento del gasto público que busca eliminar la dispersión, corregir duplicidades y fortalecer la coherencia de las intervenciones públicas de los programas presupuestarios”.