Trabajadores solicitan auditar al IMER

Trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que encabeza Aleida Calleja Gutiérrez, solicitaron al Poder Legislativo su intervención para promover auditorías exhaustivas de carácter laboral, administrativo y de transparencia al interior del organismo ante las diversas irregularidades detectadas en la actual administración del

Ante las Cámaras de Senadores y Diputados argumentaron diversos abusos de autoridad, solapados por Calleja Gutiérrez, en las áreas de administración, noticias, ingeniería, producción y gerencias de distintas estaciones del IMER.

Entre las peticiones oficiales enviadas a los legisladores de ambas cámaras para evidenciar la situación que priva en el Instituto, indicaron que a pesar de que este año los recursos presupuestales del IMER son los más altos en sus 39 años de existencia (268.7 millones de pesos), es evidente la carencia en equipo de trabajo, en el área de ingeniería, y la falta de profesionalismo de sus funcionarios para dirigir las 19 radiodifusoras que lo integran.

Recordaron que actualmente el IMER cuenta con 10 estaciones permisionadas y 7 concesionadas, así como dos emisoras virtuales que sólo transmiten por internet. Los trabajadores explicaron a los legisladores que debido a negligencia y falta de pericia, el equipo jurídico del Instituto ha puesto en riesgo la revalidación ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de los títulos de concesión de 6 emisoras, entre ellas la estación de música clásica Opus 94.5 de Frecuencia Modulada.

Los trabajadores lamentaron que el IMER se haya distanciado de ser una radio pública, al convertirse en un órgano propagandístico del partido en el poder (Morena) y de la llamada Cuarta Transformación.

A través de los oficios expuestos a los senadores y diputados, los solicitantes notificaron de la existencia de diversas quejas y atropellos sobre tráfico de plazas, imposición de cargos públicos y abuso de autoridad, así como terrorismo y acoso laboral, además de los bajos sueldos e incluso personal que cuenta con una plaza y que no asiste a trabajar.

Informaron que de manera infructuosa se han documentado formalmente quejas y atropellos ante autoridades de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública, así como de la Fiscalía General de la República y tribunales laborales; además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Indicaron que con amagos, los actuales directivos han destruido maliciosamente reputaciones y la vida laboral de decenas de trabajadores. Alertaron que, como nunca antes, fueron despedidos bajo argucias legaloides gerentes, locutores, productores, reporteros, redactores, analistas técnicos y personal administrativo.

Además los afectados denunciaron ser objeto de humillaciones y fabricación de falsos argumentos para despedirlos y evitar la liquidación conforme a derecho. Actualmente se siguen acumulando juicios laborales.

Explicaron que el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y la Unidad Jurídica del IMER siguen actuando de manera facciosa en contra de los trabajadores.

Además de las auditorías exhaustivas al IMER, los demandantes pidieron analizar la permanencia de algunos directivos y gerentes, mismos que deberían de cumplir con el perfil profesional que exige la radio pública.

También revisar dudosos convenios y acuerdos suscritos con fundaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones. Tal es el caso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

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Paralelamente exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a girar instrucciones para la reinstalación laboral de trabajadores despedidos injustificadamente y que haya juicios y procesos apegados a la ley.

Recordaron que el mandatario prometió que ningún trabajador al servicio del Estado sería despedido durante la contingencia sanitaria de Covid-19, en la que lamentablemente fallecieron al menos 12 trabajadores del IMER.

Trabajadores y extrabajadores del Instituto Mexicano de la Radio exigieron al Poder Ejecutivo respetar la libre sindicalización y democracia laboral, así como evitar la existencia de un conflicto similar al que ocurre en Notimex.


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