“Llueva, truene o relampaguee”, los niños tendrán que presentarse el próximo 30 de agosto en sus escuelas; así lo ordenó el Gobierno federal. Con la obligación de llevar una carta responsiva de las condiciones de salud y sanidad de los pequeños, como lo que se pide para asumir el riesgo de actividades extremas como bucear con tiburones, descender a rapel, tirarse de paracaídas o correr autos de carreras; todo bajo tu responsabilidad.

Así Pilatos cuando dicen se lavó las manos para allanar el camino hacia la muerte del mesías. Y de paso, ya andando estos pasajes bíblicos, recordemos a Herodes quien en busca de la paz del “pueblo sabio y bueno” sacrificó una generación de infantes convencido del fin que su mente atormentada por la soberbia y el deseo le ponía ante sus ojos.

Poco más de 32 millones de niños y jóvenes están inscritos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas técnicas del país para el ciclo lectivo que, para algunos ya comenzó, 2021-2022, y aquí comenzamos con las sumas y restas: a la cantidad total debemos restarle casi 3 millones de alumnos cuyos padres tienen la posibilidad de pagarles educación privada y en donde la elección de regresar a clases presenciales en medio de la pandemia Covid-19 es tanto de los padres como de la dirección de la escuela. 

Casi 90% de las escuelas privadas ya ofrecen condiciones para continuar con las clases de forma virtual, híbrida o presencial según lo permita la evolución de la emergencia sanitaria que en los últimos días ha registrado un elevado número de contagios por arriba de los 22 mil diarios. Y qué decir de los planteles públicos, el propio Gobierno federal reconoció que alrededor de 30 mil escuelas carecen de agua potable y que el 70% de las que tienen, se trata de agua de dudosa calidad y no para el consumo humano.

Así que además de impermeable, porque seguro les lloverá a los niños, deberán cargar con todo lo necesario para sobrevivir: gel antibacterial, agua potable y jabón, entre otras cosas. Y los niños que caminan kilómetros para llegar al salón de clases de la comunidad más cercana, además, y como ya acostumbran, deberán seguir cargando hasta su banco para sentarse en medio del piso de tierra, porque así como que mucho presupuesto se haya tenido para corregir estos pendientes no lo hubo.

Este año se recortó lo dirigido al programa gubernamental “La Escuela es Nuestra”, apenas alcanzó para otorgarle 12 mil millones de pesos. Imaginen repartir esos recursos entre los más de 232 mil planteles de educación básica, media superior y superior públicas que hay en el país. A lo que debemos sumar los que fueron vandalizados durante el último año y medio de pandemia.

Aquí es necesario señalar que hubo un gesto de comprensión de las autoridades educativas, pues acordaron que los alumnos de escuelas dañadas o robadas durante la pandemia no se les obligará a asistir. Aunque se han hecho ya trabajos de reparación, por lo menos 5 mil escuelas del total de vandalizadas están nuevamente en condiciones, dice el gobierno, de ser utilizadas; sin aclarar sobre el pequeño detalle del servicio de agua potable.

Más allá del debate político, económico y hasta psicosocial, lo único cierto es que los niños no están vacunados y son eso, niños que utilizan sus manos como principal defensa, contacto, sentido e instrumento, todo tocan, se tallan los ojos, chupan los lápices y útiles escolares, pasamanos luego de estornudar y, los que tienen suerte, comen su refrigerio con las manos. ¿Quién puede garantizar que lo eviten?

Ninguna vacuna en el mundo está autorizada para niños menores de 12 años, los jóvenes cómo sea ya están en fila, los mayores de 18 años hasta en México se están vacunando; pero, ¿y las criaturas? El doctor Bud Weidermann, miembro de uno de los sitios de ensayos pediátricos de Estados Unidos, reclama la tardanza por aprobar el antídoto para los menores.

En un trabajo de Jen Christensen, para CNN, se cita que los pediatras dicen que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) debe actuar más rápido. “La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por su sigla en inglés) comprende la ansiedad y la impaciencia de los padres. 

La AAP argumentó que la FDA debería autorizar las vacunas para niños de 5 a 11 años en función de los datos del ensayo inicial ya disponibles. Dos meses de datos de seguridad también deberían ser suficientes, dijo. ‘Esperar un seguimiento de 6 meses obstaculizará significativamente la capacidad de reducir la propagación de la variante delta del covid-19 hiperinfecciosa’, decía la carta”, a la que se refiere el trabajo de CNN.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Salud, reportaron hasta la semana pasada 613 muertes de menores en México y casi 61 mil contagios por Covid-19. Y aunque se trate de pocos casos en comparación a los adultos, perder o ver enfermar a un niño en cualquier hogar del país es inadmisible y en extremo golpea no solo a la familia en cuestión si no toda intención de salir de “adelante”. 

Por lo pronto, los expertos siguen llamando a la precaución, especialmente para aquellos que tienen comorbilidades, como diabetes u obesidad. Y en México, ni la lluvia permite olvidarlo, se contabilizan casi 20 millones de personas con diabetes, y alrededor de la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso u obesidad.

Increíble que la asistencia de los niños a la escuela en pandemia sea solo cuestión de ganas o responsabilidad; o de un soberbio “ya basta”.

Con el objetivo de fortalecer la equidad de género en las actividades de desarrollo de Normas Mexicanas, el organismo NYCE, de Carlos Pérez, pondrá en marcha un plan de acción que contempla entre otros, la ratificación de una Carta Compromiso sobre la integración de perspectiva de género en el contenido de las normas técnicas, estándares y en el desarrollo de las mismas, por quienes participan en los Comités Técnicos y en las actividades de normalización que coordina.

Todo suma, bien NYCE.

Se sabe que José Luis Moyá Moyá, el autonombrado “asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción”, conocido en algunos círculos como el “zar de las solicitudes” por supuestamente poseer un récord de peticiones y recursos, ha seguido muy de cerca el conflicto que se vive en Toluca por el incumplimiento de un contrato para la renta de patrullas. Sin embargo, este “zar” parece encontrarse en aprietos, pues es cercano a la proveedora contratada por el munícipe Juan Rodolfo Sánchez Gómez, CA Soluciones Financieras (Casofin). La empresa y el alcalde ya son investigados por las autoridades federales y locales, pues además de que se detectó un sobreprecio, Casofin ha incumplido su obligación de darles mantenimiento a las unidades.

Todo a la vista, solo hay que actuar.