Fieles a su cronograma de cada año, México Evalúa presentó su evaluación de la operación del sistema de justicia penal en cada entidad del país y a nivel federal, bajo el nombre de: Hallazgos, en la cual, resaltan hechos importantes como que las entidades de Querétaro, Nuevo León y Coahuila fueron las tres mejor evaluadas en el Ranking Nacional de Avance, que mide las condiciones que existen para la adecuada operación de los sistemas de justicia.
Todo esto se da a cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México, cuyo éxito de operación pasa necesariamente por reducir la asimetría que existe en la igualdad de las partes que conforman un proceso penal: víctimas y procesadas. En esta octava edición de la evaluación del sistema de justicia penal, Hallazgos, México Evalúa sostiene que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías. Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
Con relación a esto, se reveló que el incremento de la prisión preventiva oficiosa (+21%) y de los procedimientos abreviados (+16%) vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas. En la práctica, ningún delito se esclarece realmente: sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país.
Al respecto, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, comentó lo siguiente:
“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”.
Asimismo, el 94.8% de los casos denunciados quedan impunes. Este resultado es propio de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización y ni capacidades suficientes: a nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio.
Por otra parte, aunque la impunidad en el país se mantiene en niveles altos, hay señales de avance: los resultados del Índice de Impunidad revelan que Zacatecas redujo la impunidad en 15.1%, Coahuila 6.6%; y Sinaloa 6%. Entretanto, en Baja California aumentó 19.6%, en Guanajuato 11.2% y en Baja California Sur 8.6%.
En este sentido, Querétaro, debido a la consolidación de su modelo Cosmos, nuevamente se posiciona como un referente de construcción de factores que facilitan la operación del sistema, aunque se destaca el importante avance logrado por los estados de Nuevo León y Coahuila, en buena medida por los importantes esfuerzos de coordinación interinstitucional, de planeación y de construcción de medios informáticos que facilitan el flujo de la información. En el otro extremo del ranking, las evaluaciones más bajas fueron para Veracruz, Guerrero y Campeche.
“Es muy importante discutir con profundidad problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos. Con la incorporación de estos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para entender los diferentes retos que hay en un SJP diseñado a partir de estereotipos, roles y prejuicios sociales”, mencionó Chrístel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa.
Si te gustaría saber más sobre esta investigación, a continuación te dejamos el documento completo en consulta y descarga libre: Hallazgos 2020.pdf
JR Brindiz
