Ayotzinapa a 6 años de la desaparición de los 43

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 marcó la historia de México. La desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, trastocó el imaginario colectivo nacional y evidenció la violencia generalizada que se vive en el país, misma que cada año va en aumento.

El caso Iguala no ha podido ser aclarado a 6 años de los hechos, por ese motivo, Amnistía Internacional organizó un foro virtual en el que participaron James Cavallaro y Carlos Beristáin, explicaron cómo se les presentó la investigación, la responsabilidad que tuvieron al notar que la llamada “Verdad Histórica” no solo era inconsistente, sino físicamente imposible y de las repercusiones padecieron tras entregar su informe resolutivo el 6 de septiembre del 2015.

Cavallaro y Beristáin son piezas fundamentales para entender el contexto en el que se realizó la investigación, pues ellos son integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México para llevar una investigación paralela a la de la Procuraduría General de la República (PGR).

En materia de criminalidad e imagen pública, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa definió el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, quien pudo llegar al poder del ejecutivo federal abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por esa razón, el Estado mexicano estaba ávido de cerrar el caso y presentar una buena cara ante el mundo, por eso, estimó Cavallaro, solicitó la ayuda del GIEI.

En su participación, Jim Cavallaro explicó que la importancia de este caso a nivel global repercutió mucho, pues México antel mundo no era considerado un país de prioridad para la CIDH; sin embargo, tras las investigaciones realizadas por los expertos independientes, el apéndice consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), esto cambió.

“Me parece que el Estado mexicano habría pensado que el GIEI no saldría de los límites aceptables”, expresó en la conferencia moderada por Santiago Aguirre. Posteriormente, cuando el gobierno descubrió que el informe no fue un “sello de aprobación de la versión histórica”, el investigador estimó que empezó un trato hostil contra ellos.

De entre las primeras cosas que pudieron comprobar fue la presencia de un autobús adicional al mencionado en sus reportes finales de la PGR, que los estudiantes no fueron incinerados en un basurero de Cucula a media noche y la alteración de una escena del crimen en el supuesto río donde los presuntos responsables del crimen desecharon las cenizas de los estudiantes. Estos tres hechos no solo demuestran que la verdad histórica es falsa, “sino que demuestra que esa versión es imposible, físicamente imposible”.

De acuerdo con la primera versión, la de la PGR, los estudiantes abordaron cuatro autobuses cuando fueron confundidos por miembros del crimen organizado y fueron secuestrados, asesinados e incinerados a las 12:00 de la noche en un basurero de Cucula. Finalmente, los restos de los normalistas fueron tirados a un río cercano al basurero.

Los miembros del GIEI revisaron grabaciones de seguridad en la terminal de camiones donde se demuestra que hubo un quinto autobús. El registro de un mensaje de texto enviado a las 01:00 horas de la madrugada siguiente desde el celular de uno de los desaparecidos comprueba que los jóvenes no estuvieron en el basurero de Cucula, pues en ese lugar no hay recepción telefónica. Y un peritaje realizado a la zona del río en donde supuestamente fueron tiradas las cenizas de los desaparecidos, demostró signos de alteración.

Carlos Beristáin sostuvo que la llegada del GIEI seis meses después (marzo del 2015) de la cometida del delito representó una dificultad y que el ambiente de tensión también dificultó su trabajo.

Beristáin dijo tener presente el llamado de una de las madres de los estudiantes “Por favor, no se vendan”, recordó el investigador. También dedujo que esta súplica connotaba un ambiente de corrupción generalizado en el caso.

Conforme notó avances en su investigación, observó un cambio de actitud por parte de las autoridades, mismas que tuvieron un manejo irresponsable de la información, pues la divulgación de los datos parecería que obedecía más a una agenda mediática que a un acompañamiento humano de los padres de los 43. En ese momento abordó la importancia del debido acompañamiento a las víctimas de manera colectiva.

Finalmente, ambos investigadores concluyeron que la presencia del GIEI fue determinante en este caso, pues con la mirada de la OEA se visibilizó a nivel mundial la precariedad con la que se atienden los casos de desaparición forzada en México. También dejó el precedente del papel del Estado en estos casos, pues al menos en ese caso se notó que éste “no tiene compromisos con la verdad, pero sí con el crimen organizado”.

Por lo cual aseguraron que debe de haber una determinación política para acabar con estos casos y que no necesariamente se consigue con un cambio de gobierno; no obstante, la idea de que la ahora Fiscalía General de la República (FGR) reabriera el caso y que, al mismo tiempo, exista una comisión de la verdad, por parte de la secretaría de gobernación (Segob), es algo rescatable de esta administración.

Con el pensamiento que cerraron fue de que el Estado debe de entender el por qué y cómo acontecen las violaciones a los derechos humanos para su erradicación.

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